REAPERTURA DEL CASO GUZMÁN

Editorial El mercurio

Como era previsible, luego de conocerse la entrevista al frentista Mauricio Hernández Norambuena, el magistrado Mario Carroza, que instruye el proceso por el asesinato del senador Jaime Guzmán, resolvió reabrir la causa y decretar una serie de diligencias indispensables para esclarecer ese crimen. Uno de los aspectos centrales de la investigación lo constituyen las nuevas revelaciones acerca de que la decisión de asesinar a Jaime Guzmán fue tomada por la cúpula máxima del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), integrada en ese entonces por Galvarino Apablaza, Juan Gutiérrez Fischmann, el propio Hernández Norambuena y Enrique Villanueva Molina.

Respecto de este último, se abre uno de los aspectos más polémicos y con mayores repercusiones políticas, ya que también deberá aclararse detalladamente su eventual vinculación con el Consejo de Seguridad Pública -la llamada "Oficina"-, que funcionó a comienzos de los años 90.

Es comprensible la decisión del Gobierno relativa a hacer las gestiones políticas correspondientes para que vuelvan a Chile para enfrentar la justicia tanto Mauricio Hernández Norambuena -quien actualmente cumple una condena a 30 años de prisión en Brasil por el secuestro de un empresario de ese país- como Galvarino Apablaza -que se encuentra en libertad en Argentina, pendiente del pronunciamiento de la Corte Suprema de ese país sobre su extradición, y a la espera de una solicitud administrativa para que se lo considere refugiado político.

Sin embargo, hay que considerar que se trata de situaciones distintas, y en ningún caso las negociaciones políticas debieran alterar lo resuelto por nuestros tribunales. Esto último es particularmente importante en el caso de Hernández Norambuena, que tiene pendiente en Chile el cumplimiento de dos cadenas perpetuas -una por el crimen de Jaime Guzmán y otra por el secuestro de Cristián Edwards-, y cuya eventual extradición desde Brasil requeriría una previa rebaja de estas penas, por la vía del indulto presidencial.

La situación de Galvarino Apablaza es diversa, porque se encuentra en libertad y no está cumpliendo condena alguna en Argentina, y porque todavía no se lleva a cabo su juzgamiento en Chile. Por eso, es en este caso donde deben concentrarse los mayores esfuerzos del Gobierno para asegurar su retorno al país. Cabe considerar, además, que las razones que en su momento tuvo la justicia argentina para rechazar en primera instancia su extradición -que los crímenes que se le imputan son políticos y no terroristas, la falta de pruebas suficientes, y que no se le ha respetado a Apablaza su derecho a defensa- resultan inadmisibles y ponen en tela de juicio el respeto de nuestra institucionalidad democrática.

Los nuevos antecedentes que obran en el proceso y las buenas relaciones de cooperación entre ambos países -cabe recordar la reciente expulsión de Argentina de Juan Aliste, principal acusado del homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano- permiten ser optimistas respecto de que Apablaza pueda finalmente ser juzgado en nuestro país. No sólo la vía de la extradición está abierta, sino que en este caso también podría proceder la mera expulsión por Argentina.