Columna de ex Senador Mario Ríos Santander

LA “CUESTION” DE LOS EXONERADOS.-

Lo que resultó ser una revelación mas que ponía en duda el manejo eficiente, oportuno y trasparente de los dineros públicos, denuncia que se sumaba a otras, cuyos resultados en la investigación posterior, tanto de la Cámara en su función fiscalizadora, o judicial por parte de los jueces, siempre han sido inciertos o peor aun, “no han quedado en nada” al decir popular, en este caso, la “cuestión” de los exonerados políticos, que a todas luces está repleto de abusos y dolos manifiestos en contra del patrimonio del Estado, está configurando un escenario, cuyas dimensiones aun no alcanzamos a definir en toda su magnitud.
Es así que, la denuncia, cuyos acusados principales fueron los diputados y senadores, destacándose el nombre de los que aparentemente han cometido los mayores abusos, sin exculpar aun al resto, además de los partidos políticos , socialista y comunista, que aparecen con abultadas planillas de trabajadores, (sobre 1800, algo así como toda la CMPC sumada), se agrega ahora la incógnita planteada por la Contraloría, al expresar que, “nada tenemos que hacer en este asunto, por cuando las potestades de la ley que generó este recurso para los presuntos exonerados políticos, fueron entregadas solo al Presidente de la República….”.
La Contraloría, se lava las manos con esta declaración y de paso, radica en las personas que ejercieron las funciones de Presidente de la República, todo el peso de este presunto delito. No tenemos información si sus alcances, incorporan también al actual mandatario. Todo indica que, en estos dos años de administración, puede que algún “exonerado”, haya tenido alguna resolución positiva para él. Si es así, entonces, inédito en la historia republicana, todos los presidentes, a partir del 11 de Marzo de 1970, hasta ahora, deberían concurrir a la justicia además de ordenar la revisión completa de cientos de miles de “exonerados”, (yo aportaré el nombre de una docena al menos), por parte de la Contraloría o de quien se disponga.
Pero, lo anterior no es todo.
Surge una interrogante, “¿Es que la Contraloría, no tiene potestad fiscalizadora alguna sobre los actos del Presidente de la República?”. El hecho de que este organismo, ratifique a la persona del Presidente, como único “dador” de pensiones surgidas por tres leyes de la República, ¿lo inhabilita para cumplir con su función fiscalizadora, sobre todo que tales recursos, no son parte alguna de fondos reservados o cosa que se le parezca?. ¿Debemos concluir que el Contralor se deberá enfrentar a una Acusación Constitucional y explicar ahí su proceder, y los presidentes, todos, a los tribunales de justicia para lo mismo?.
Nada está descartado. Si la Acusación en contra del Contralor, finalmente se presenta, es evidente que llegará con firmas de la Concertación. De esta forma, se intentará radicar en su persona, todo el peso político de esta “cuestión”, acusándolo de falta de probidad. Para la Alianza, su defensa, casi no tiene presentación, por lo tanto, percibimos la primera víctima. Los Presidentes de la República, por su lado, ya deben estar preparando su defensa. Y los parlamentarios acusados, frente a esta “pelea de perros grandes”, pueden dormir mas tranquilos.

Mario Ríos Santander
Octubre de 2011.-