La persecución a militares en el Uruguay (Parte I)

By Carlos Manuel Acuña

En varias y distintas oportunidades se ha comparado la situación de los diferentes países de la región, a partir del retorno a los sistemas democráticos, una vez concluidas las guerras contra la sedición de los años sesenta y setenta.

En todos los casos, tarde o temprano se produjo una reacción por parte de quienes fueron derrotados durante los enfrentamientos, reacciones similares o casi calcadas entre sí aunque con resultados diferentes en lo que se refiere a la proyección política del problema.

Posiblemente, el ejemplo de Chile puede ubicarse en un extremo positivo, y en el otro lo que ocurre en países como el nuestro o el vecino Uruguay donde el conflicto se prolonga a la luz del ideologismo, la arbitrariedad y un indisimulado espíritu de venganza.

Con todo, el nuestro es el segundo país con mayor cantidad de presos políticos: el primero es Colombia con más de dos mil, pese a que allí la guerra continúa y el narcotráfico está directamente involucrado con el terrorismo.

En el Uruguay hay hasta el momento unos treinta presos, después de más de 30 años en que finalizaron los hechos provocados por el MLN Tupamaros y otros grupos revolucionarios.

Pero las presiones aumentan. Se ha llegado a detener y procesar a un general en actividad -Miguel Dalmao- Jefe de una División de Ejército y a un coronel de edad avanzada, José Nelson Chialanza, mientras en Buenos Aires permanece detenido el coronel Manuel Cordero Piacentini en discutibles circunstancias jurídicas y otros tres coroneles están privados de su libertad en Chile.

Todo esto precede a una escalada de denuncias, juicios y detenciones que afectarán la estabilidad de la República del Uruguay en términos parecidos a los que vivimos en la Argentina.-

El caso de Dalmao es emblemático por diversos motivos, no sólo por su condición de revista, sino también -y esto hay que destacarlo- por la vulneración de las garantías y de la norma jurídica, lo que demuestra la animosidad con que actúan ciertos jueces y fiscales contra civiles, militares y policías que se desempeñaron en aquellos años.

Conectados, dichos jueces y fiscales, con organizaciones que se identifican como defensoras de los “derechos humanos”, su comportamiento integra la nueva fase que configura una forma de guerra que los analistas califican de diversa manera: de Cuarta Generación, Asimétrica o Molecular, según las principales nominaciones que se agrupan debajo de la genérica definición de “gramscismo”.

Aquí sabemos de lo que se trata. El nuevo enfrentamiento requiere un primer paso fundamental de gran profundidad psicológica: doblegar la moral de los vencedores de ayer, suprimir toda capacidad de reacción, generar el olvido del contenido verdadero de lo que históricamente sucedió y crear mejores condiciones políticas para desplegar acciones novedosas.

La tergiversación de los hechos integra esta estrategia. Cuando se recuerda la violencia desplegada por los oponentes se presentan los casos como una agresión de las Fuerzas Legales y los atacantes se presentan ante la historia como víctimas por el único “delito” de haber aspirado a mejores condiciones para el conjunto de la sociedad.

Así, en toda la región se utilizan idénticos argumentos, cánticos y eslóganes, lo que no es casualidad, sino que responde a un plan coordinado y en ejecución, con una finalidad específica: conquistar, mantener y consolidar indefinidamente el poder político.

Para ello, se inventó la autodefinición de “jóvenes idealistas” y, victimizándose, se habla de torturas y ejecuciones realizadas exclusivamente por quienes combatieron a la sedición.

Para 1973 las Fuerzas Legales uruguayas habían derrotado a las organizaciones armadas, financiadas por la hoy desaparecida Unión Soviética a través del gobierno cubano.

Un año después, a instancias del castrismo, se creó la Junta Coordinadora Revolucionaria con elementos argentinos, bolivianos, brasileños, los chilenos que respaldaron a Salvador Allende y los uruguayos que insistieron en continuar la guerra.

Llegaron a Montevideo pistolas ametralladoras fabricadas artesanalmente por los montoneros, se fabricaron toda clase de explosivos y allí se reanudó la violencia en términos exponenciales.

Mientras tanto, Juan Domingo Perón había retornado, expulsó a Cámpora de la Casa Rosada, estableció un gobierno de transición y en septiembre de 1974 ganó las elecciones por abrumadora mayoría.

En 1974 fue detenida en Montevideo Nibia Sabalsagaray Curutchet, dirigente de la Unión de Juventudes Comunistas. Para entonces, ya se encontraba en prisión Tibaldo Rodney Arismendi Mattos Carrasco, histórico dirigente del PCU, quien ya había ofrecido toda la información requerida por las autoridades militares.

Dentro del marco de las particularidades especiales con que se desenvolvió el comunismo en casi toda Latinoamérica, Arismendi fue puesto en libertad un año después y viajó de inmediato a Moscú, en tanto la joven mencionada resolvió quitarse la vida.

Pasaron casi cuarenta años. El entonces joven alférez Dalmao prosiguió su carrera hasta alcanzar el grado que hoy ostenta con el consiguiente respaldo legal y político.

En función de la actual etapa, la hermana de la dirigente juvenil del comunismo logró reabrir la causa, a instancias de sus actuales abogados patrocinantes.

Éstos, funcionales a la campaña de desprestigio de los integrantes de las Fuerzas Armadas, han tratado de poner en duda el suicidio y profundizar la marcha hacia nuevas tensiones dictadas por el resentimiento y el desborde de la imaginación, respaldados por una mediatización parcializada y oportunista.

En consecuencia, no es difícil vaticinar que a instancias del Foro de San Pablo, el Uruguay se apreste a vivir momentos difíciles aunque previsibles a la luz de la experiencia argentina.




Carlos Manuel Acuña