DEL BLOG DE HERMÓGENES

lunes, 7 de enero de 2013

El Problema es la Concertación

El actual V Gobierno de la Concertación, que es tal porque ha abrazado sus ideas, ahora se encuentra con las consecuencias de una de las peores, su política indígena. Sebastián Piñera anunció hace dos años que iba a empeorarla todavía más y propició un verdadero Estado mapuche dentro del Estado chileno, pero después no ha insistido en ello, por suerte. Probablemente leyó este blog, que por supuesto fulminó su idea suicida de terminar con la unidad nacional. O bien alguien de su entorno le preguntó si se había vuelto loco. El hecho es que se olvidó del asunto y siguió aplicando la política mapuche de la Concertación, lo cual ya era por sí suficientemente malo.

Pues el "conflicto mapuche" no es tal, sino que ha sido generado artificialmente, a partir de políticas demagógicas completamente irracionales. Lo son porque instituyeron un incentivo para los mapuches a enriquecerse reclamando tierras ajenas, con el agravante de que se premió incluso a los que las usurpaban mediante la violencia. De ahí a que esa fórmula suicida se extendiera había un paso, y eso es lo que ha sucedido últimamente

Un conocedor del tema indígena, Julio Bazán, publicó un libro en que prueba que no hay fundamento alguno para que exista un conflicto ("¿Es Mapuche el Conflicto?", Editorial Maye, Santiago, 2011). Desde luego, no existe "derecho a la tierra" de los mapuches. Ningún fallo judicial jamás se ha dictado reconociendo tal "derecho." El conflicto se generó bajo la Concertación, cuando se legisló para que la Conadi pudiera comprar tierras y asignarlas a personas de esa etnia. Pero nadie quería vender a la Conadi, de modo que no había tierras para entregar. Entonces los mapuches se dieron cuenta de que ejercitando la violencia amedrentaban a los propietarios y éstos, entonces, se allanaban a venderle a la Conadi. A veces se hacía una gigantesca trampa al Estado, como en el caso del fundo "El Notro", en que el dueño lo vendió en excelente precio a la Conadi y después se lo arrendó a los asignatarios mapuches y lo siguió trabajando tal como antes. Todos contentos, salvo el Estado chileno, el "paganini", "pasado por el aro". Total, "paga Moya". ¿Y quién pierde? Chile, porque además de derrocharse plata del erario, muchas tierras antes bien trabajadas han pasado a manos de personas que no las saben trabajar. Una segunda Reforma Agraria ruinosa

Los famosos "derechos ancestrales" de los mapuches tampoco existen. Nadie ha podido nunca precisar de dónde nacerían. Algunos dicen que hubo un tratado de España con el pueblo mapuche que los establecería, pero Julio Bazán buscó en el listado de tratados suscritos por España a lo largo de la historia, listado confeccionado por la Cancillería española, y no aparece el referido tratado reconociéndoles tierras a los mapuches.

El problema que se está viviendo, pues, deriva exclusivamente de las políticas de la Concertación, que incentivan la violencia para obtener tierras gratuitamente y cuyos gobiernos, incluido el actual, carecen de firmeza y autoridad para hacer respetar la ley.

¿Cuál es la solución? Primero que nada, restablecer la legalidad y la autoridad. Que los que delinquen sean sancionados de acuerdo a la legislación vigente. Y si los tribunales, controlados por la izquierda, persisten en no aplicarla, ahí estaríamos ya ante una crisis institucional. Sabemos en qué desembocan las crisis institucionales derivadas de que un poder del Estado se sale de la Constitución.

La segunda parte de la solución es la derogación de las normas que les dan un carácter de civilmente incapaces a los indígenas: ellos deben tener plena libertad para vender sus tierras y subdividirlas a su mayor conveniencia. Si este principio, que rige para todos los chilenos, hubiera sido establecido antes, la población mapuche ya no existiría como tal y se habría integrado rápidamente al resto de la nacionalidad. Desde luego, no permanecería una parte de ella, como sucede actualmente, en calidad de "siervos de la gleba", adscritos a pequeñas propiedades que no pueden vender ni logran trabajar rentablemente.

Esas dos políticas: ejercicio de la autoridad y derogación de todas las normas que limitan la libertad de contratación de los indígenas, harían desparecer rápidamente el artifical "conflicto mapuche", terminaría con toda la violencia estimulada por el afán de lucro (a través de obtener tierra gratuitamente) y permitiría la total y plena integración de la etnia con el resto de la chilenidad. Es decir, todo lo contrario de la peregrina idea de un ministerio actual de "mapuchelizar" al resto de los chilenos, propiciando la enseñanza del mapudungún. Ese disparate queda en evidencia como tal con sólo considerar, como lo ha comprobado el especialista Julio Bazán, que 522 palabras necesarias para la vida diaria de los chilenos ni siquiera tienen expresión en mapudungún.

Ninguno de los cinco gobiernos de la Concertación ha sido capaz de solucionar el conflicto que ellos mismos han generado. Lo que se necesita es algo que parece muy lejano: un gobierno con autoridad, con el coraje político suficiente para renunciar a la demagogia y cortar el derroche de recursos, y que sea capaz de decirles la verdad a todos los chilenos, comenzando por comunicársela claramente a los propio mapuches. Pues éstos valoran la mano firme. Por algo espontáneamente le dieron el título honorífico de "Ullmen F'ta Lonko" al Presidente Pinochet, en reconocimiento de que supo restablecer y mantener el orden, les dio títulos de propiedad e hizo respetar la legalidad.
Publicado por Hermógenes Pérez de Arce


domingo, 6 de enero de 2013

¡Bienvenida, Revolución!

Bajo el gobierno de Allende, a los agricultores les sucedían cosas como las que ahora ellos sufren en la Araucanía. En marzo de 1972 murió quemado dentro de su casa del fundo Crucero, en Río Bueno, incendiada por activistas socialistas, el agricultor Raúl Vásquez Bécker. Su cónyuge sufrió diversas quemaduras. Las huestes izquierdistas que entonces asolaban los campos decidieron asesinarlo. Nunca hubo una investigación ni un proceso. Su hijo, que vivía en España, vino a hacerse cargo del fundo, pero el gobernador del departamento y otros funcionarios le advirtieron que, si lo hacía, le tomarían el fundo "todos los días". Su abogado le aconsejó: "Entrega, Raúl, pues también te matarán". Y entregó. Todo eso está referido en una carta suya a "El Mercurio", publicada el 4 de enero de 2005.

Hemos vuelto a esa situación, pero en 1972 la gente respetuosa de las leyes sentía que todavía tenía un respaldo, pues en el país había una reserva moral, las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ahora, todos sabemos, esa reserva se esfumó. Llamada a solucionar las cosas en 1973, lo hizo, pero después de cumplida su misión recibió como pago la persecución judicial mas increíble, incitada por algunos de los mismos que la convocaron. Y luego los nuevos mandos uniformados abjuraron de todo, dijeron "nunca más" y pidieron perdón. Hubo uno que, incluso, asumió TODAS las culpas del pasado. Se acabó la "reserva moral".

Y así hemos llegado hasta hoy, en que si un carabinero dispara a un extremista es exonerado y procesado, pero los subversivos pueden disparar a carabineros y quedar libres. Tal como lo está Luis Tralcal Quidel, absuelto por la Corte de Apelaciones en fallo del 30 de octubre pasado ("El Mercurio" de hoy, p. D-5). Tralcal viajó a Ecuador y Colombia, donde obviamente recibió instrucción de las FARC. Estuvo en la clandestinidad dos años, tras un ataque incendiario a un fundo de Forestal Mininco. Tenía además otras órdenes de aprehensión pendientes por incendios y atentados contra carabineros. En un allanamiento a su domicilio se incautó munición de guerra y mecha detonadora de explosivos. Protagonizó tres escapes de la policía, disparando contra ella. Pero ahora está libre y absuelto por la Corte de Apelaciones. Es que tenemos una justicia de izquierda, que junto con condenar, pasando por sobre la ley, a los uniformados (r), absuelve, también pasando por sobre la ley, a subversivos en plena actividad.

Y una funcionaria de gobierno, dependiente del Ministerio del Interior, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, creado por decreto de dicho ministerio, sostiene que no debe aplicarse la Ley Antiterrorista a los subversivos. Y el mismo Ministerio del Interior ha redoblado, bajo el actual gobierno, su persecución contra uniformados (r) por la acción antisubversiva de éstos hace más de treinta años. Para que a nadie se le vaya a ocurrir repetirla. Y ha redoblado la contratación de abogados para esa tarea persecutoria, en lugar de destinar recursos a la acción antisubversiva.

Justicia de izquierda, gobierno débil y penetrado por el izquierdismo (hasta el director del Instituto Médico Legal es mirista confeso), partidos políticos mayoritariamente cómplices de la subversión pasada y presente.

¿Y cuál es la perspectiva futura? La más reciente encuesta de mayor prestigio (y todas las demás) dicen que será Presidenta de nuevo Michelle Bachelet. Cualquiera que lea su biografía se enterará de que fue ayudista del MIR, primero, y luego conviviente del vocero del FPMR, justamente en la época en que este grupo terrorista del comunismo provocaba más bajas a los uniformados. Y sabemos que ella sigue admirando a Fidel, como lo revelara siendo Presidenta, cuando apresuró el paso emocionadamente al enterarse de que él le había concedido una audiencia. Y también ella, como otros gobernantes de la Concertación, le va a deber su triunfo electoral al Partido Comunista.

¿Para qué lado creen ustedes, entonces, que se inclinará ella, el del Estado de Derecho o el de la Revolución?
Publicado por Hermógenes Pérez de Arce