Señor Director:
En octubre de 2010, los presidentes García, de Perú, y Morales, de Bolivia, suscribieron el acta de Ilo, por medio de la cual, entre otras cosas, Lima otorgaba a La Paz nuevas facilidades portuarias allí, se ampliaba la zona turística boliviana de dos kilómetros cuadrados a 3,4 kilómetros cuadrados y se autorizaba a Bolivia a construir en ese puerto un anexo de su Escuela Naval. Asimismo, se autorizaba a buques de la Armada boliviana a navegar en las costas de Ilo con fines de cooperación e instrucción.
Esto, en la práctica, iba a significar levantar construcciones para cumplir los dos últimos propósitos. Con ese objetivo se pondrían a disposición de las autoridades de La Paz tres kilómetros cuadrados de territorio. Esta Acta se consideró una extensión del Convenio de 1992, firmado por los presidentes Fujimori y Paz Zamora, donde se creaba a 17 kilómetros al Sur de Ilo una playa para uso turístico boliviano (Boliviamar).
En noviembre de 2011, el Presidente Morales anunció el envío de una delegación parlamentaria paceña para solicitar la aceleración de la ratificación del Acta de 2010. Luego, el entonces controvertido embajador peruano en La Paz, Manuel Rodríguez Cuadros, en un acto que fue mal recibido en Torre Tagle, visitó la zona de la futura construcción acompañado de la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Bolivia.
Días atrás ha estado en Lima el canciller Choquehuanca con el mismo objetivo: intentar presionar al Parlamento peruano para que apure esa ratificación, acción que recibió una dura respuesta del presidente de la Comisión de RR.EE., Víctor Andrés Belaúnde, en el sentido de que el legislativo recibe visitas de buena vecindad, "pero presiones, el Congreso no las acepta".
Lo curioso es que el objetivo descrito en el Acta de 2010 fue modificado sustantivamente en su fondo por medio de un acuerdo complementario, que es el que se pretende hoy nuevamente acelerar. Allí se acotó el significado pretendido por Bolivia. Se estableció que la mentada sucursal de la Escuela Naval solo podrá tener como alumnos a postulantes a la marina mercante, los que estarían bajo la tutela de la marina mercante peruana.
Es decir, el objetivo estratégico original pensado en 2010 por La Paz fue severa y explícitamente limitado en sus alcances.
Pero lo que ahora resulta realmente sorprendente es que el canciller boliviano, al terminar sus reuniones con las autoridades limeñas, ha dicho el jueves pasado que estas se han comprometido a cooperar con La Paz en la presentación de su supuesta demanda contra Chile ante la Corte Internacional de La Haya respecto de la mediterraneidad boliviana, lo que fue categóricamente desmentido por Torre Tagle.
Con estas realidades no resulta fácil para el canciller Moreno y sus colaboradores del Edificio Carrera establecer pautas que permitan delinear una política estable con nuestros vecinos altiplánicos.
Demetrio Infante Figueroa
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