GOBIERNO ACUSA A CONCERTACIÓN PARA DEFRAUDAR AL FISCO CON PAGOS A EXONERADOS

Equipo de unos 30 abogados comenzará a revisar los casos de los beneficiados:
Gobierno acusa a la Concertación de montar maquinaria para defraudar al fisco con pagos a exonerados

Ministra Matthei recalcó que revisarán cada uno de los 150 mil expedientes de pensionados, y Ubilla adelantó que el fraude puede alcanzar entre los 30 mil y 50 mil exonerados políticos falsos.

Fernanda Paúl y Cynthia Carvajal
El Mercurio

"Este programa fue diseñado para defraudar, para dar beneficios a gente que no lo merecía. Y cuando algún funcionario señalaba que ese no era el procedimiento correcto, lo amenazaban, lo echaban, y ponían a otra persona que sí siguiera las instrucciones del gobierno". Así de tajante fue la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, al referirse en la tarde de ayer al caso falsos exonerados.
Tras reunirse por más de una hora con el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, y el ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, en La Moneda, para analizar los nuevos antecedentes del caso, Matthei detalló cómo, según la información recabada por el Gobierno, operó la "máquina" que pagaba beneficios a falsos exonerados políticos.
"Cuando se dicta la Ley 19.234 -que establece el derecho de los ex funcionarios de solicitar la calificación de 'exonerado político'-, se aplica el pago con subrogación. Primero, se trataba de cobrarle realmente al empleador y después solamente se permitía (el pago por subrogación) cuando existía, por ejemplo, la declaración de quiebra, una fiscalización de la Dirección del Trabajo, o cuando existía la declaración y no pago del empleador", señaló la ministra.
Al mismo tiempo, agregó que "en 2008, cuando empezaron a llegar muchas solicitudes de ex funcionarios del PS, el entonces director del Instituto de Normalización Previsional (INP) -hoy llamado Instituto de Previsión Social (IPS)-, Rafael del Campo, trató de cobrarle las imposiciones no pagadas al PS, que era lo que correspondía de acuerdo a la figura de pago con subrogación", dice.
Los dichos de la ministra refuerzan las declaraciones que Ubilla realizó a "El Mercurio" apenas conoció el informe de Contraloría: "Estamos frente a una máquina concertada para defraudar al fisco".
Matthei mostró una circular de junio de 2008, en la que la entonces coordinadora nacional del programa de reconocimiento al exonerado político, Marta Joignant -hoy denunciada ante la fiscalía-, le ordena al director del INP no cobrarle al PS ese dinero, ya que "lo único que está haciendo es vulnerar el espíritu del pago de imposiciones, de darles beneficios a los exonerados", detalló la ministra del Trabajo, quien después aseguró que Joignant era miembro del tribunal supremo del PS de esa época y "muy amiga de la entonces Presidenta de la República Michelle Bachelet".
Según las palabras de la ministra, poco tiempo después de ocurrido ese episodio, Rafael del Campo salió de su cargo. "Acá, la señora Marta Joignant se preocupó de perseguir al director del INP por tratar de cobrarle las imposiciones al PS. Luego que lo echaran, nombraron a la señora Labibe Yumha, quien cuatro meses antes de las elecciones de 2009 dictó dos resoluciones: la 202 y la 203. En la 202 dice que solamente cuatro funcionarios con nombre y apellido del IPS pueden hacer estas calificaciones y que dependen directamente de ella". La ministra enfatizó que en esa oportunidad decretaron que para acceder a la categoría de exonerado solo se debían presentar tres declaraciones juradas ante notario de personas que aseguren que el solicitante trabajaba en una de estas empresas.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que "todos estos casos son herencias y amarres provocados durante los últimos momentos de la señora Bachelet. ¿Para qué? Para favorecer a un club privilegiado de exonerados falsos; mientras otros, los verdaderos, por años durmieron, porque tenían una gran desventaja: no tenían un padrino político, un diputado ni una directora del programa para que esas carpetas pudieran procesarse".
En el oficialismo comentan que un grupo de unos 30 abogados trabajará en la revisión de los 150 mil expedientes. "Un cálculo fácil: la contraloría revisa 9 mil y encuentra 3 mil falsos, el 30%. La subsecretaria revisa 50 mil carpetas y nosotros encontramos el 20% de exonerados falsos. Podríamos decir que el fraude puede alcanzar a algo así como entre 30 mil y 50 mil exonerados falsos", señaló Ubilla.
Abogados se preocuparán de recuperar platas y de los delitos
El equipo jurídico designado para determinar las responsabilidades en el otorgamiento de beneficios a falsos exonerados y presentar las acciones judiciales, que conforman los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, ya inició su labor.
En una reunión ayer en La Moneda se afinaron las cuatro áreas en las que se van a enfocar. Primero, detener el pago de pensiones de quienes no tenían derechos porque no estuvieron en empresas intervenidas por el Estado. Segundo, recuperar lo que se pagó indebidamente por personas que no eran exonerados. Y lo tercero, determinar las eventuales responsabilidades penales respecto a las personas que presentaron antecedentes falsos y de los funcionarios públicos que estaban a cargo.
"Sobre los funcionarios hay cuatro posibilidades: que hayan estado en conocimiento, que hayan sospechado y les haya dado lo mismo, que hayan sido negligentes, en los que habría responsabilidad penal, o que haya sido fortuito", dijo Acosta.
Hermosilla explicó que el trabajo que están realizando es una auditoría "en la cual están apareciendo nuevos antecedentes, y que estamos viendo cuáles son los alcances jurídicos (...) y los hechos que tienen carácter de delito vamos a ponerlos en conocimiento del Ministerio Público si son posteriores a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal o en el sistema penal antiguo".